¿Entonces la SuperTransporte sí me podía sancionar, sin ser vigilado?

por Rosemberg Perlaza

Esta potestad, que no era clara para algunos, fue ratificada recientemente.

Por: Camilo Pabón Almanza. Superintendente de Transporte. Publicado en Portafolio.co

Hace algunos meses, escribimos una columna explicando que la Superintendencia de Transporte está en capacidad de investigar y sancionar empresas como compañías de seguros, generadores de carga, productoras de alimentos, empresas petroleras, entre otras, así no sean vigilados directamente por la entidad. Esta potestad, que no era clara para algunos, fue ratificada recientemente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de confirmar que cualquier sujeto que infrinja disposiciones del sector transporte puede ser investigado y sancionado por la Superintendencia, aún sin ser vigilado por esta entidad.

En providencia del pasado 12 de febrero, el Tribunal Administrativo manifestó que “la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 numeral 4 de la Ley 105 de 1993, es una autoridad que tiene la facultad de imponer sanciones por la violación a las normas reguladoras del transporte y en el caso en concreto, pueden ser objetos de sanción aquellas personas que violen o faciliten la violación de las normas, sin que necesariamente sean sujetos de vigilancia, inspección y control de dicha entidad.

En este orden de ideas, en este caso, el Despacho considera que la competencia para imponer sanciones por violación a la normatividad del transporte de acuerdo con las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores está radicada en la Superintendencia de Puertos y Transporte”. (negrilla fuera de texto)

Al respecto, quisiera hacer tres precisiones. En primer lugar, esta providencia cobra especial relevancia en este momento, en el que la Superintendencia se encuentra investigando a más de 78 industriales y comerciantes del país, 16 concesionarios viales y contratistas, dos compañías aseguradoras, cinco empresas relacionadas con la facilitación de transporte ilegal y cinco conductores de vehículos particulares, entre otros sujetos, que independientemente de si son o no vigilados por esta entidad, sí son sujetos pasivos del régimen de transporte.

Además, en la ley 105 de 1993 se previó como sujeto pasivo a “las personas que violen o faciliten la violación de las normas”, lo cual incluye no sólo a personas jurídicas, sino también a personas naturales.

Por eso, la SuperTransporte tiene la potestad de hacer lo mismo con los administradores de las empresas (representantes legales, miembros de junta directiva, revisores fiscales, entre otros) que infrinjan las leyes del sector transporte. De hecho, hoy la entidad está investigando como persona natural a Secretarios de Movilidad.

Finalmente, esta providencia judicial debe servir de recordatorio a los organismos de tránsito de los diferentes municipios y departamentos que son competentes para aplicar el régimen de transporte en su jurisdicción a todos quienes lo infrinjan, incluyendo propietarios y conductores de vehículos particulares. Así se instruyó en la Circular 15 de 2020, para que procedan a investigar y sancionar bajo la ley de transporte, a los particulares que realicen operaciones de transporte público.

Y es que lo anterior surgió de la misma ley 105 de 1993, que lo previó expresamente, tal como ahora lo reiteró la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Una persona que infrinja este régimen, ya sea “sujeto vigilado” o “sujeto pasivo” del régimen de transporte, se expone a investigaciones y sanciones que van desde órdenes administrativas e inmovilización de equipos, hasta multas cercanas a los 2.000 millones de pesos.

El transporte y la infraestructura son vitales para la reactivación económica del país. Por eso, la Superintendencia de Transporte adelantará todos los esfuerzos para que esta reactivación sea liderada por empresarios que sí se esfuerzan por cumplir la ley. De esta manera, ganamos todos y garantizamos que los diferentes servicios de transporte se presten según el principio de Legalidad definido por el Gobierno Nacional.

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