CGN pide veeduría de varios organismos internacionales en jornadas del paro nacional

por Juan Sebastián Flórez

El Consejo Gremial Nacional CGN, del cual hace parte Colfecar, pidió la participación de varios organismos internacionales para que ejerzan una veeduría frente al paro nacional y los bloqueos que se vienen registrando en varias zonas del país. 

En comunicación al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ONU, António Guterres; la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, el CGN les hizo un llamado para que sean veedores de lo que está sucediendo en el país y puedan construir sinergias que permitan superar la coyuntura y garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los colombianos.

En la misiva el presidente del CGN Julia Domínguez Rivera le explica a los organismos internacionales que Consejo Gremial Nacional es el foro de deliberación permanente conformado por los 29 gremios más importantes del sector empresarial y productivo de Colombia, consolidando la posición de este sector y promoviendo acciones en el área de política económica y social, buscando generar acuerdos comerciales para que el país sea cada vez más competitivo e incluyente, promoviendo el empleo y trabajando por la paz.

“Como gremio, representamos un tejido empresarial de más de 15 mil empresas que son la base del crecimiento económico del país y que generan un inmenso valor en el bienestar de los colombianos, pues son los empresarios los generadores y aliados del empleo formal, el crecimiento y el desarrollo social” señala el CGN.

De esta forma, en el marco del paro nacional y en el despliegue de acciones que han adelantado los manifestantes el CGN expone en 5 puntos la visión de la situación por la que atraviesa el país, los ciudadanos y las empresas:

  1. El Paro Nacional inició el pasado 28 de abril como una respuesta ciudadana de inconformidad a la iniciativa del Gobierno Nacional, de presentar una reforma tributaria que garantizara la estabilidad de las finanzas públicas e incrementara las ayudas a la población más vulnerable en atención a la emergencia sanitaria, económica y social generada por la pandemia COVID-19.
  2. El Gobierno colombiano es garante del derecho a la protesta social, ha respetado y acompañado a los manifestantes en el ejercicio libre y pacífico de su derecho fundamental. Sin embargo, el desarrollo de varias de las manifestaciones se ha
    enmarcado en contextos de violencia, de daños a los bienes públicos y de bloqueos a las vías nacionales, restringiendo la libre locomoción de los ciudadanos.
  3. Como respuesta a la solicitud de los manifestantes, el Gobierno Nacional retiró, del Congreso de la República, el proyecto de ley de Reforma de Tributaria. Pese a las acciones del Gobierno, las manifestaciones han continuado, y los actos de
    vandalismo e inseguridad han aumentado, generando un impacto demoledor en el proceso de reactivación económica, en la generación de empleo, en la sostenibilidad de las empresas y en el libre acceso a servicios de salud, a seguridad alimentaria, a servicios públicos domiciliarios, a la libre locomoción y a ejercer el derecho al trabajo. A su vez, las aglomeraciones han generado que los niveles de contagio de COVID-19 estén llegando a su punto más alto,
    profundizando la crisis hospitalaria.
    Hay regiones de Colombia que presentan desabastecimiento de alimentos, de combustibles, de medicamentos e insumos médicos; lo que ha generado afectación en el bienestar de las comunidades por la carencia y el sobrecosto de
    los alimentos y que las personas no puedan acceder a sus tratamientos médicos.
  4. Por otra parte, los dirigentes del paro, como mecanismo de presión al Gobierno Nacional, han restringido la movilidad, bloqueando las principales vías de acceso a cada región, generando limitaciones en el ejercicio de la actividad económica
    y productiva del país mediante amenazas y actos de violencia en contra de trabajadores, campesinos, comerciantes y empresarios que no se unieron a las manifestaciones, profundizando la inestabilidad en el empleo y el cierre de
    compañías.
    Creemos que los bloqueos en las vías no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta social pues no son acciones pacíficas, su ejercicio representa la vulneración de derechos fundamentales de terceros.
  5. Como representantes del sector empresarial, confiamos en la capacidad que tiene el Estado para que, dentro del marco de la Constitución y la Ley, se cumpla con el mandato de restablecer el orden público. Manifestamos nuestro apoyo al
    Presidente de la República, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares para que garanticen la protección de los derechos de todos los colombianos, retornando la tranquilidad en todo el territorio nacional.

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